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Avalúos en páramos nacionales

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Como parte de la implementación del Catastro verde y un reconocimiento al esfuerzo de comunidades por conservar el ecosistema, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expidió la Resolución 963, mediante la cual se establece una metodología para la valoración ambiental del grado de conservación de los bienes inmuebles ubicados en áreas de páramos delimitados.

Esta herramienta permitirá incorporar el componente ambiental en los avalúos comerciales de predios que se encuentren dentro de los páramos delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reconociendo un componente económico cuando haya una cobertura significativa del ecosistema referido dentro del predio.

Esta resolución representa un paso hacia la justicia ambiental en Colombia, al otorgar un valor económico a los esfuerzos de protección realizados por comunidades campesinas.

“La nueva metodología no solo reconoce el estado ecológico de los páramos, sino que también les da un valor en los procesos de compra por parte del Estado, lo cual representa una herramienta para conservar y planear el territorio de forma sostenible”, señaló la subdirectora general del IGAC, Camila Andrea Baquero Arévalo.

Aspectos que evalúa la nueva metodología

  • Cobertura natural del páramo: este criterio requiere la identificación y determinación de las coberturas naturales de páramo y las áreas en estado de restauración natural o inducida que se encuentran dentro del bien inmueble ubicado en área de páramo delimitado.
  • Espacios de agua: en este se identifica y verifica la existencia de cobertura natural, nacimientos y cuerpos de agua que se encuentran dentro del bien inmueble.
  • Suelo: identifica y verifica la presencia de procesos erosivos y movimientos en masa dentro del bien inmueble que son generados por actividad humana, excluyendo a aquellos que derivan de procesos naturales.

Esta resolución es de obligatoria aplicación para bienes inmuebles formales localizados en páramos, en especial cuando las evaluaciones se realicen en procesos judiciales, administrativos o de gestión pública que involucren estos territorios estratégicos.

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