La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advierte sobre el incremento sustancial del uso fraudulento de los mecanismos de insolvencia en el país, empleados para evadir el pago de obligaciones contraídas con entidades financieras, del sector solidario, Fintech, empresas de telecomunicaciones y del sector real.
Si bien la figura de la insolvencia es un instrumento legítimo, consagrado en la ley para brindar una alternativa a quienes enfrentan dificultades reales para cumplir con sus obligaciones, en los últimos dos años se ha evidenciado un aumento significativo de solicitudes, en las que se identifican irregularidades y actuaciones de mala fe, lo que estaría asociado a la operación del “cartel de la insolvencia”.
Esta estructura estaría integrada por grupos de abogados asesores y centros de conciliación que recurren a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo. En algunos casos, se ha identificado la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir los requisitos y promover acuerdos que resultan lesivos para los acreedores reales. Asimismo, se ha evidenciado que algunas personas registradas como supuestos prestamistas (quiroamigos) figuran en múltiples procesos de insolvencia e incluso se encuentran privadas de la libertad.
“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros, lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”, advirtió Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
Además, hay indicios de una coordinación sistemática entre algunos abogados y determinados centros de conciliación para instrumentalizar el trámite de insolvencia con fines ilegítimos. En particular, se ha identificado un patrón reiterado en el que los mismos abogados (especialmente aquellos que representan acreedores ficticios) acuden de manera recurrente a los centros, desde donde se tramitan solicitudes con inconsistencias.
“Los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios en estos procesos, incurren en conductas punibles y se pueden ver inmersos en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. Si son condenados pueden terminar en la cárcel”, precisó Iván Cancino, abogado penalista.
Vale la pena mencionar que el uso indebido de la figura de insolvencia, sin una necesidad real y con el único propósito de evadir el pago de obligaciones, afecta la confianza en los deudores, incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito.
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, advierte que la figura de la insolvencia fue creada para aquellos deudores que realmente se encuentran en una situación de crisis, no para evadir el pago de las obligaciones, mientras que los abogados que adelanten casos de insolvencia de forma tramposa podrían perder su tarjeta profesional e ir a la cárcel.
Asobancaria hace un llamado a las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de control y supervisión, así como a los ciudadanos para hacer uso responsable de las herramientas legales disponibles.
De igual forma, reitera que quienes participen en este tipo de prácticas se exponen a graves consecuencias, entre ellas sanciones disciplinarias, multas e incluso penas privativas de la libertad, por conductas que implican engaño al sistema judicial.
