La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, presentó el primer balance del programa Juntas de Internet del gobierno anterior, que dejó cifras muy lejanas a las prometidas en su momento.
El anuncio de conectar 5.000 juntas de internet fue disminuyendo paulatinamente, a 4.000 inscritas y a la contratación efectiva de 810 juntas, de las cuales solamente hay 353 en funcionamiento, es decir, escasamente el 7 % de lo prometido.
Vale la pena recordar que se trató de una estrategia sobre la cual se buscaba conectar 235.660 hogares a 2026, contratando finalmente 70.864, y donde, a hoy, tienen servicio 20.433, el 8,6 % de lo planeado.
“Ajuste tras ajuste tampoco cumplieron, y ahora hay muchas familias se quedaron esperando una solución que nunca llegó”, explicó la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate.
De acuerdo con el ministerio, el fracaso de este programa se evidencia mejor con ejemplos. En Caldas anunciaron que se instalarían 160 juntas que darían conectividad a 8.000 hogares. La meta fue cambiando, y quedó entre 16 y 70, de las cuales solo entregaron 20. Tras varias reuniones y análisis de estas cifras, el departamento anunció que devolverá $5.189 millones.
Según el informe, el incumplimiento de las promesas a los colombianos no se limita a la cantidad de juntas instaladas. En la calidad de la conexión también quedaron en deuda, pues de 25 Mbps prometidos en el papel, hoy dos tercios de las juntas instaladas solo tienen una capacidad de descarga de 8 Mbps. Es decir, menos de la tercera parte de lo anunciado, con las deficiencias desfavorables que ello implica, pues como dijo la jefa de la cartera TIC, “no sólo se trata de estar conectado, sino de estar bien conectado”.
Según la Interventoría e Informes de Seguimiento (30 de septiembre 2026), las Juntas de Internet que están actualmente en operación pertenecen a: Acuerdo 5 Internexa (209), convenio Autoridades Indígenas (60), convenio Boyacá (64), convenio Caldas (20).
La ministra Falla aseguró que, con seguimiento y trabajo responsable, el Ministerio TIC garantizará que se hagan efectivos los reintegros, y que se propongan alternativas reales: “Estamos verificando en territorio las instalaciones que sean técnicas y financieramente viables, y además de las condiciones de operación, exigiremos el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los recursos no ejecutados deberán reintegrarse”.
También exigió presentar información clara del estado de los proyectos a las comunidades. En muchas regiones, juntas de acción comunal y organizaciones sociales constituyeron Juntas de Internet y asumieron la gestión de sus redes, y ellos merecen qué falta, quién debe responder, y las condiciones para que el servicio funcione y se mantenga en el tiempo.
El programa partió de una premisa política: que los operadores no llegaban, y que las juntas de acción comunal podían reemplazarlos. En el camino se desconoció a los cientos de pequeños proveedores de servicios de internet (ISP) legales que ya operaban en esas veredas, con red, técnicos y clientes, y se les subordinó a un intermediario público. No se acreditaron mejoras en calidad ni sostenibilidad, no se consideraron ISP regionales, no hubo procesos competitivos ni indicadores costo-beneficio.
Hoy, las comunidades tienen dificultades hasta para pagar la energía de los equipos, con riesgo de apagón de las redes. Se les entregó una responsabilidad sin darles con qué sostenerla.
“A quienes se quedaron esperando un servicio que nunca llegó, les aseguramos que estamos trabajando para que la conectividad sea una realidad en sus regiones. Una vez más, estamos heredando un problema del gobierno anterior. Pero nosotros, de manera técnica, responsable y seria, vamos a solucionarlo”, concluyó la ministra.
