Al cierre del primer semestre llega con una agenda laboral clave para las empresas en Colombia, al prepararse para la reducción definitiva de la jornada máxima ordinaria a 42 horas semanales a partir del 15 de julio, como parte de la implementación gradual establecida en la Ley 2101 de 2021.
Esta disminución no implica reducción de salario, prestaciones ni derechos adquiridos, pero sí obliga a las empresas a revisar turnos, horarios, cargas operativas, horas extra, recargos, productividad y costos laborales.
Para KPMG, la convergencia de estos cambios convierte el cierre de junio en una prueba de adaptación para las organizaciones. La prima de servicios, la inclusión de aprendices en fase práctica o formación dual y la reducción de jornada no son asuntos aislados: todos impactan la forma en que las empresas administran su nómina, proyectan sus costos laborales y documentan su cumplimiento.
“Las empresas que aborden estos ajustes únicamente como tareas operativas pueden quedar expuestas a errores de liquidación, pagos incompletos o reprocesos internos. En cambio, quienes los integren a una gestión laboral preventiva podrán anticipar contingencias, mejorar la trazabilidad de sus decisiones y proteger la estabilidad financiera y reputacional de la organización”, señaló María Camila Ortiz, gerente de KPMG Colombia.
Entre las acciones prioritarias para este cierre de semestre, la firma recomienda identificar a todos los trabajadores y aprendices activos, clasificar correctamente la fase en la que se encuentran los contratos de aprendizaje, revisar la base de liquidación de prestaciones, actualizar las parametrizaciones de nómina, validar provisiones contables y documentar los criterios utilizados para el cálculo de la prima.
Asimismo, de cara a la jornada de 42 horas, las empresas deben revisar sus esquemas de turnos, reglamentos internos, acuerdos de jornada, distribución semanal del tiempo de trabajo, planeación de horas extra y recargos, especialmente en sectores con operación continua, atención extendida, producción por turnos o alta demanda de personal operativo.
El ajuste también requiere una coordinación estrecha entre las áreas de talento humano, legal, financiera, contable, operaciones y nómina. En la práctica, una decisión sobre distribución de jornada puede impactar la planeación de costos, la productividad, los reportes internos, la relación con trabajadores y la capacidad de responder ante eventuales requerimientos de autoridades laborales.
KPMG advierte que el incumplimiento en el pago oportuno o completo de prestaciones sociales puede derivar en reclamaciones laborales, contingencias por mora y eventuales sanciones administrativas.
La coyuntura laboral de 2026 confirma que las empresas necesitan pasar de una lógica de cumplimiento transaccional a una visión preventiva, integrada y basada en riesgos.
En un entorno regulatorio más exigente, la capacidad de calcular correctamente, documentar decisiones y adaptar los procesos internos será clave para proteger la continuidad operativa y la confianza empresarial.
Más que un trámite de mitad de año, el pago de la prima y la implementación de la jornada de 42 horas marcan una nueva etapa para la gestión laboral en Colombia. Para las compañías, el reto no está solo en cumplir con las fechas, sino en demostrar que sus sistemas, equipos y procesos están preparados para operar bajo las nuevas reglas del mercado laboral.
