La suplantación de identidad en Colombia ha dejado de ser un riesgo esporádico para convertirse en una crisis de seguridad digital en constante expansión. De acuerdo con datos de Asobancaria, en el primer semestre del año se registraron 218.031 casos de reclamaciones por fraude de parte de los usuarios al sistema bancario, una tendencia al alza que preocupa a las autoridades y enciende las alarmas en el entorno empresarial y financiero.
El panorama actual demuestra que los métodos de los ciberdelincuentes se han sofisticado, afectando a un número cada vez mayor de ciudadanos que son víctimas de estafas mediante el uso de identidades robadas o adulteradas.
Ante esta realidad, VU señala que el enfoque tradicional de reaccionar una vez cometido el delito ha quedado obsoleto; la urgencia nacional ahora radica en la prevención temprana.
El doble filo de la aceleración digital
Actualmente, Colombia atraviesa uno de los procesos de digitalización más acelerados de la región. Herramientas como la banca digital, las billeteras electrónicas, el comercio electrónico y diversos servicios en línea ya forman parte del día a día de millones de personas. Si bien este avance ha traído consigo eficiencia, inclusión y nuevas oportunidades, también ha abierto la puerta a una realidad cada vez más compleja: la evolución del fraude digital.
Durante años, este delito estuvo asociado a ataques relativamente simples, tales como credenciales robadas, phishing masivo o contraseñas débiles. Hoy, el escenario es otro: en Colombia, al igual que en gran parte de América Latina, los esquemas de fraude han evolucionado hacia modelos altamente sofisticados, centrados en la suplantación de identidad y el abuso de los procesos digitales.
De fraudes aislados a esquemas estructurados y transnacionales
Las organizaciones ya no enfrentan ataques esporádicos, sino operaciones coordinadas con métodos complejos y transnacionales. De hecho, según la Evaluación Global de Fraude Financiero de INTERPOL, el fraude financiero ha aumentado y diversificado significativamente tanto en volumen como en técnicas, afectando identidades, sistemas y economías enteras.
En el plano local, se evidencia un cambio drástico en la estrategia de los atacantes: aunque la tasa general de sospecha de fraude en Colombia bajó al 2,3% en 2025, los delincuentes han desplazado sus esfuerzos hacia las etapas iniciales de la interacción digital. Actualmente, la fase de creación de cuentas presenta la tasa más alta de presunto fraude en el país, alcanzando un preocupante 7,2%.
Entre las modalidades más frecuentes detectadas en el ecosistema nacional e internacional se encuentran:
· Suplantación de identidad: Apertura de cuentas digitales utilizando datos robados.
· Perfiles falsos: Creación de registros adulterados para acceder a servicios o beneficios.
· Abuso de onboarding: Vulneración de los procesos de registro y verificación remota.
· Cuentas “mulas”: Utilización de cuentas de terceros para mover dinero ilícito rápidamente.
Esta tipología de ataques no solo genera severas pérdidas económicas, sino que erosiona de manera directa la confianza de los usuarios en los canales digitales.
Un giro regulatorio: La Ley 2573 de 2026
Este incremento en las modalidades de fraude aceleró la necesidad de un marco jurídico más estricto. En este contexto, la entrada en vigencia de la Ley 2573 de 2026 marca un punto de inflexión en el país, al establecer una señal clara sobre la corresponsabilidad en el ecosistema digital.
Con esta normativa, la protección de los usuarios y la validación rigurosa de la identidad dejan de ser opcionales y se transforman en una responsabilidad legal y operativa crítica para las organizaciones.
El desafío para el cierre de 2026 será la velocidad de adaptación de las compañías frente a las exigencias de la nueva ley, migrando de controles aislados hacia estrategias integrales, continuas y basadas en riesgo que permitan sostener el crecimiento digital con confianza.
“El avance tecnológico en Colombia ha traído grandes oportunidades, pero también ha acelerado la evolución del fraude hacia esquemas transnacionales altamente estructurados que atacan principalmente la fase de creación de cuentas. Esto plantea un dilema crítico de fricción versus seguridad: el 82% de las empresas en el país reconoce que el miedo al fraude afecta sus tasas de conversión de clientes, y más de la mitad reporta un aumento en el abandono debido a controles rígidos. No podemos proteger los sistemas interrumpiendo al usuario honesto. Hoy, la ciberseguridad moderna exige modelos dinámicos basados en riesgo y biometría comportamental que analicen el contexto en tiempo real. Desde VU asumimos el compromiso de guiar a las organizaciones hacia este enfoque predictivo, permitiéndoles cumplir con la Ley 2573 de 2026 y, fundamentalmente, blindar la confianza en el ecosistema digital sin frenar el crecimiento del negocio”, concluye Matías San Martín Arnouil, responsable de nuevos negocios de VU en Colombia.
