El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones decidió no prorrogar el convenio interadministrativo suscrito con Findeter para el desarrollo de los Centros PotencIA, tras evidenciar fallas estructurales en la ejecución, gestión y control del proyecto que impedían garantizar su cumplimiento.
La solicitud de prórroga, presentada por Findeter, contemplaba, entre otros aspectos, la reducción en el número de centros a desarrollar y la disposición de recursos adicionales para un proyecto que no logró iniciar su fase de construcción.
“Desde que asumí como ministra TIC decidí hacer un seguimiento detallado a este proyecto. Al evidenciar su bajo avance, adoptamos medidas como solicitar el acompañamiento de la Contraloría y pedir a la fiduciaria actuar como garante en la protección de los recursos, evitando posibles afectaciones al patrimonio público. Como responsables de estos recursos, no podíamos permitir la continuidad de un proyecto sin avances en su ejecución. Actuamos de manera oportuna para prevenir un riesgo mayor”, señaló la ministra TIC, Carina Murcia.
Luego de 17 meses de ejecución, el proyecto no superó la etapa de planeación ni inició obras en ninguno de los 60 centros previstos. El avance registrado, cercano al 17 %, se limitó a actividades preliminares, sin consolidar las condiciones técnicas, operativas y contractuales necesarias para su ejecución.
Esta situación llevó al Ministerio a realizar un análisis técnico, jurídico y financiero exhaustivo, que concluyó que continuar con el proyecto bajo las condiciones planteadas implicaba un alto riesgo para los recursos públicos, dada la incertidumbre sobre su viabilidad y la posibilidad real de cumplimiento dentro de los plazos solicitados.
El diseño contractual del proyecto estableció a Findeter como gestor integral, con responsabilidad directa sobre la estructuración, contratación, ejecución y supervisión, a través de la interventoría. Por su parte, el Ministerio ejercía funciones de acompañamiento, seguimiento y vigilancia sobre el uso de los recursos.
En desarrollo de este rol, la entidad identificó fallas críticas en la gestión del proyecto, entre ellas: incapacidad de superar la fase de planeación, pese al tiempo transcurrido, incumplimientos reiterados de contratistas en la entrega de estudios, diseños y requisitos técnicos, debilidades en el seguimiento, control y gestión de los contratos derivados, falta de alertas tempranas claras y oportunas sobre la inviabilidad del proyecto en las condiciones inicialmente planteadas.
El Ministerio TIC reitera que los recursos del proyecto se encuentran protegidos y que no se ha generado pérdida de dinero público. Como medida preventiva, desde noviembre de 2025 se instruyó no autorizar nuevos desembolsos ante la ausencia de avances reales en la ejecución.
El único giro efectuado, cercano a los $4.000 millones, corresponde exclusivamente a actividades de planeación efectivamente desarrolladas.
El valor total del convenio asciende aproximadamente a $234.000 millones, recursos que serán reintegrados a la Nación y al Fondo Único TIC, junto con los rendimientos financieros generados.
Con la decisión de no prorrogar el convenio se da inicio al proceso de liquidación y reintegro de los recursos, con el propósito de avanzar posteriormente en una nueva estructuración del proyecto bajo criterios técnicos, financieros y operativos que garanticen su viabilidad.
Esta decisión busca asegurar el cumplimiento del objetivo de llevar conectividad, tecnología y formación digital a los territorios, bajo condiciones que permitan una ejecución efectiva, sostenible y con resultados concretos para las comunidades.
