Se conoció la intención de un proyecto de decreto del MinTIC que pretende reducir los requisitos para captar y mover el dinero de los colombianos.
Ante esta situación, Asobancaria, Confecoop y Colombia Fintech, expresan su preocupación frente a este proyecto que modificaría los servicios de giros postales en Colombia, pues permitiría a los Operadores de Servicios Postales de Pago captar recursos del público sin el rigor que esta actividad exige.
La iniciativa abriría la puerta para que estos operadores, que no están bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria, realicen actividades propias del sector financiero, al habilitar la captación a través de cuentas postales, lo que genera un vacío legal relevante.
Lo anterior genera, además, un arbitraje regulatorio, pues los requerimientos para esta nueva actividad serían más laxos en materia de gestión de riesgos, adopción de medidas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo e intervención oportuna ante eventuales contingencias.
Vale la pena mencionar que, en ausencia de una supervisión adecuada, el riesgo recae directamente sobre el ciudadano.
De expedirse el proyecto de decreto en los términos actuales, las cuentas postales no contarían con seguro de depósito y los operadores no tendrían requerimientos patrimoniales equivalentes a los exigidos a las entidades financieras, lo que incrementa el riesgo de pérdida de los recursos de los usuarios.
Adicionalmente, el Banco de la República ha advertido que esta iniciativa puede afectar el desarrollo de los pagos inmediatos en el país, en particular el avance de Bre-B, al fragmentar el ecosistema de pagos e incentivar el uso del efectivo.
Esto no solo distorsiona la competencia, sino que debilita la confianza del público en el ecosistema financiero. La Superintendencia Financiera, por su parte, comparte la preocupación de la Asociación frente a la gestión de riesgos de liquidez, operacionales y lavado de activos.
El gremio solicita al gobierno nacional que se abstenga de expedir este decreto, por la inconveniencia del mismo para el país.
