En dos años, Colombia enfrentará la Quinta Ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo objetivo será medir la efectividad del sistema del país para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFTFPADM).
La evaluación tiene dos componentes: 40 recomendaciones que miden el cumplimiento técnico, es decir, la existencia de las normas; y 11 resultados inmediatos que evalúan la efectividad del sistema, lo que en la práctica se refleja en la aplicación de sanciones y la imposición de condenas.
La Quinta Ronda se centrará en siete ejes temáticos que abarcan desde las políticas y la coordinación institucional hasta la cooperación internacional.
Vale la pena recordar que, en la Cuarta Ronda de evaluaciones del GAFI, y con base en los resultados inmediatos, Colombia ocupa el puesto 59 a nivel mundial entre 200 jurisdicciones evaluadas.
En ese contexto, el vicepresidente Técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, destacó durante la instalación del 25° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM tres ejes estratégicos que serán determinantes para que el país continúe ascendiendo en el escalafón global, incremente la efectividad de su sistema y llegue mejor preparado a esta nueva ronda de evaluaciones.
En primer lugar, el vicepresidente señaló que “se debe aumentar el número de condenas y sanciones efectivas por lavado de activos y financiación del terrorismo, porque de nada sirve reportar si no hay consecuencias judiciales que respalden ese esfuerzo”.
También resaltó que hay que reglamentar de manera clara y operativa la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, un frente todavía inexplorado en la legislación colombiana y que podría fortalecerse con la tipificación de este delito en el Código Penal. Agregó que, en línea con los estándares GAFI, en el país se debe establecer un mecanismo ágil de congelación de cuentas que permita dar cumplimiento efectivo a las sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.
En segundo lugar, expresó la necesidad de fortalecer la transparencia en materia de beneficiario final, es decir, garantizar que se conozca con certeza quién está realmente detrás de cada estructura societaria. Para avanzar en este frente, señaló que es indispensable contar con una fuente oficial y confiable para la verificación del beneficiario final; que las entidades, por ejemplo, no tengan restricciones para acceder al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), administrado por la DIAN; y, por otro lado, trabajar de manera articulada con las autoridades y las cámaras de comercio para elevar significativamente la calidad de la información de las personas jurídicas, especialmente en las de menor tamaño.
Finalmente, manifestó que en Colombia se debe consolidar un marco normativo robusto para los activos virtuales y sus proveedores de servicios. Asimismo, indicó que se requieren lineamientos claros para enfrentar riesgos emergentes, como el lavado de activos mediante stablecoins y otros mecanismos en constante evolución.
“Este es, probablemente, el frente que cambia con mayor velocidad y, precisamente por eso, no podemos permitirnos llegar tarde”, puntualizó el vicepresidente Técnico de Asobancaria.
